Pedro Mellado
En algún apartado rincón de los sótanos del poder se selló el pacto que ahora vincula estrechamente los intereses del grupo hegemónico que desde hace 18 años tiene secuestrada a la Universidad de Guadalajara, cuyo jefe político y cacique es el ex Rector, Raúl Padilla López y su representante formal el actual Rector General, Carlos Jorge Briseño Torres, quienes comparten intereses con la corriente de extrema derecha aposentada en el poder estatal, representada por el Gobernador Emilio González Márquez y su principal operador político, Herbert Taylor Arthur, coordinador de Innovación y Desarrollo.
La extraña alianza vincula a una corriente política universitaria que en alguna época presumió y profesó una muy cuestionable convicción socialista, con la corriente más conservadora y clerical del panismo, que se presume vinculada a la secreta y extremista organización de “El Yunque”, en un proceso que podría tener como fondo un intercambio de favores, para impulsar proyectos políticos de mediano y largo plazos, que involucrarían la potencial postulación a la Gubernatura para Carlos Jorge, o para Raúl, como candidato de unidad postulado por PRI y PRD (frente a un PAN deliberadamente debilitado o maniatado), y la ambiciosa pretensión de Emilio, de buscar la candidatura presidencial.
Un poder fáctico, enquistado en la UdeG, está aliado con el poder formal del Estado, con el que también parece haber acordado ceder espacios políticos a la ultraderecha en esa institución educativa, a través de las organizaciones estudiantiles, aunque ello pudiera implicar el sometimiento violento de los desobedientes o la creación de una nueva organización estudiantil diferente a la Federación de Estudiantes Universitario (FEU), en la que tuvieran posiciones relevantes algunos cachorros de origen yunquista.
De paso, esta santa alianza pretendería eliminar a un enemigo común: el ex Gobernador y actual Secretario de Gobernación, Francisco Javier Ramírez Acuña, quien está convencido de que la UdeG debe ser auditada, para que rinda cuentas de la forma como maneja el dinero que le confía la sociedad y del cual Raúl y sus buenos muchachos disponen en forma discrecional y patrimonialista. En los últimos 82 años, desde 1925, cuando fue restaurada como la universidad pública de educación superior que actualmente conocemos, la UdeG jamás ha sido auditada formalmente por algún órgano de gobierno.
El control de la Auditoría Superior del Estado, actualmente en manos del priista (como lo definió el mismo Emilio) Alonso Godoy Pelayo, tendría que pasar sobre la derrota del presidente estatal del PAN, Eduardo Rosales Castellanos y del coordinador de los diputados locales albiazules, Jorge Alberto Salinas Osornio, quienes son operadores políticos de Ramírez Acuña.
Los intereses que vinculan al eje Raúl-Carlos Jorge-Emilio-Herbert son tan fuertes, que la semana pasada el mismo Rector General, Briseño Torres, le llamó telefónicamente tanto a Jorge Alberto como a Eduardo, a quienes amenazó de que estaba dispuesto a utilizar todas las influencias y recursos económicos de la UdeG para destruir sus carreras políticas, en caso de que se negaran a aprobar las reformas a la Ley de Fiscalización y la permanencia de Alonso Godoy Pelayo. Esta versión fue confirmada por una fuente directa.
La permanencia de Godoy Pelayo en la Auditoría Superior hasta el 2012 garantizaría impunidad para el Grupo UdeG y para el gobierno de Emilio.
*Publicado en el periódico Mural del 17 de Septiembre de 2007.
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