Leobardo Alcalá sí se desistió de la herencia de Aurora de Anda Medina.
Esperanza Romero Díaz/Público
Porque está seguro de que se pretende cometer fraude en agravio del Hospital Civil de Guadalajara (HCG) y la Cruz Roja, Federico Manuel de la Cerra Francés, sobrino de Aurora de Anda Medina de Padilla y Aldrete, quien dejó una fortuna de más de cien millones de dólares, presentará una demanda civil para impugnar el último testamento de su tía. Supuestamente la anciana otorgó en 1999, a la edad de 92 años, un testamento donde excluye de la herencia a ambas instituciones, pese a que las nombró herederas universales en dos testamentos anteriores.
Convencido de que hay “situaciones oscuras” en torno a la millonaria herencia, De la Cerra Francés recabó desde 2001 información clave, que refuerza las sospechas. Cuenta además con un par de audiograbaciones (cuyas copias están en poder de este diario), de conversaciones sostenidas con Armando Alcocer de Anda, también sobrino de la anciana, albacea y supuesto heredero universal, y Raúl Herrera Anaya, abogado que fue apoderado del heredero y es hermano del notario que protocolizó el último testamento de la mujer.
En las grabaciones, el abogado narra que, supuestamente, a cambio de 50 millones de dólares, que se pagarían en diciembre de 2000, se contaría con el desistimiento de las instituciones. El desistimiento del HCG existe.
La versión de Leobardo Alcalá Padilla, ex director del HCG varía respecto al monto. Entrevistado en Palacio Municipal de Guadalajara, el ahora regidor sostuvo que el desistimiento (del juicio en que se alegaba la invalidez del último testamento) sería a cambio de diez millones de dólares para el Hospital Civil y el pago de honorarios a los abogados del caso. Negó que haya recibido cantidad alguna, pero aceptó que firmó el desistimiento “pero no tiene efectos jurídicos” ya que estaba condicionado a que el Hospital Civil recibiera el dinero, además de que el documento “fue robado de la notaría”, por lo que se abrió causa penal (ver aparte).
Alcalá Padilla resaltó que el juicio sigue y que se busca sea declarada la invalidez del último testamento, porque la viuda no estaba en condiciones de elaborarlo, por lo que dio la bienvenida a nuevas impugnaciones que legatarios o autoridades promuevan. Incluso, pidió a Carlos Briseño Torres, rector depuesto, que acuda a los tribunales.
El sobrino que impugna el último testamente consideró que si en dos ocasiones su tía refrendó su voluntad de beneficiar como herederas universales a las instituciones, y dejó a 70 familiares un pequeño legado, debe de ser motivo de investigación lo relacionado con el tercer testamento y el papel de los abogados Herrera. Incluso esbozó que curiosamente se empezó a pagar a los cerca de 70 legatarios (él recibió 250 mil pesos) en marzo de 2000, recién fallecida la anciana, con cheques de la cuenta bancaria del abogado Raúl Herrera.
José Antonio Pérez Juárez, abogado de De la Cerra Francés, confirmó que su cliente va a impugnar el testamento por la vía civil, pero que habría materia para acciones jurídicas en la vía penal.
“Quiero aclarar que él no lo hizo [impugnar el testamento] con anterioridad porque a los herederos se les ocultó la existencia de dos testamentos previos donde la viuda del señor Padilla Alderete tenía como beneficiario de su fortuna al Hospital Civil y la Cruz Roja. Era irrisorio lo que dejaba a los sobrinos, 99 por ciento era a las instituciones”.
En cuanto al monto de la herencia, que en las grabaciones mencionadas se señala andaría sobre los 200 o 300 millones de dólares (en 2001) respecto a lo que había en cuentas bancarias, el abogado dijo: “Basta con que se revise el juicio sucesorio del señor [Armando] Alcocer donde hay dos declaraciones de la masa hereditaria y una ampliación. Primero refiere una serie de bienes e inversiones de la viuda y posteriormente como albacea de la sucesión curiosamente descubre que hay más cuentas bancarias. Esto es en 2003. Le puedo decir que es sustentable la cantidad de 800 millones de dólares de acuerdo con lo que he tenido a la vista”.
Asimismo, aclaró que a su cliente le tocaron 250 mil pesos “pero quiero aclarar la disposición testamentaria de la viuda era de 25 mil pesos. Esta generosidad es extraña. Desde allí empezaron a pensar que algo andaba mal”.
Resaltó que hay actos ilegales y estarían involucrados “no sólo funcionarios del Civil, sino incluso algún notario público”, pues consideró “muy curioso” que en este caso el fedatario del último testamento fuera hermano del abogado patrono de la sucesión. “O sea, son coincidencias que en la práctica nos deja ver que hay algo turbio”.
En cuanto al desistimiento de Alcalá Padilla reiteró que sí existe: “Renunció a la herencia, fue con su credencial de elector y se identificó con la juez sexto [...]. Aquí él no puede argumentar que le fue sustraído de la notaria porque es uno de sus argumentos. Si hubiera sido el caso no lo hubiera ratificado [personalmente] ante la juez”. Sobre las audiograbaciones, dijo que son prueba importante pues constituyen una confesión “contundente” respecto del negocio turbio.
La historia
Salvador Padilla y Aldrete fue empresario refresquero, concesionario de la Pepsi Cola en el occidente del país. Murió en noviembre de 1981. Él y su esposa, Aurora de Anda Medina, decidieron heredar su fortuna al cónyuge sobreviviente, y en caso de no sobrevivir alguno, repartir la herencia entre el Hospital Civil de Guadalajara y la Cruz Roja
Al morir el empresario, la viuda pasó a ser heredera universal y, en sintonía con el pensamiento de éste, el 20 septiembre de 1983 elaboró un testamento (escritura 8688 suscrita ante Luis Ramírez Orozco, notario número 3 de Tlaquepaque) en que deja a esas instituciones el legado
El 1 de julio de 1993, con escritura 10291 protocolizada por el mismo notario elaboró otro testamento y refrendó lo anterior
En 1998 murió Miguel Padilla Gutiérrez, el administrador de los bienes de la viuda y se hizo cargo de éstos, así como de la atención de la anciana, Armando Alcocer de Anda, su sobrino
Aurora de Anda falleció el 23 de febrero de 2000 y a pocos días del deceso, salió a la luz el testamento público abierto 24326, de 19 de abril de 1999, otorgado ante Javier Herrera Anaya, notario 29 de Arandas, en que supuestamente nombró heredero universal a Armando Alcocer de Anda y a cerca de 70 legatarios
El 18 septiembre 2000, el director del Hospital Civil, Raúl Vargas López demandó la nulidad del testamento que afectó al nosocomio y a la Cruz Roja, ante el Juzgado Quinto de lo Familiar (expediente 217/2000)
El 11 octubre 2000, el juzgado se declaró incompetente para conocer el asunto, al estimar que en el Juzgado de Arandas se llevara el juicio sucesorio de Aurora de Anda
El 18 de octubre de 2000, en el Juzgado Sexto de lo Familiar (expediente 683/2000) se formuló otra demanda por Leobardo Alcalá Padilla, nuevo director del Hospital Civil
Se iniciaron pláticas para llegar a un arreglo el 7 de diciembre de ese año y se elaboró un convenio para la entrega de diez millones de dólares al Hospital Civil, así como el pago de honorarios a los abogados, a cambio de no seguir el juicio. El pago se haría el 28 de diciembre de 2000 en San Antonio, Texas, contra la entrega de los desistimientos. No se consumó el trámite y siguió el juicio
El 7 febrero de 2001, la parte demandada obtuvo el desistimiento de Leobardo Alcalá. Según los abogados del Civil, éste se logró en forma ilegal, por lo que se apeló contra dicho auto (de desistimiento) y fue revocado por el Supremo Tribunal de Justicia
Se presentó denuncia penal y abrió la averiguación criminal
Fuente: Abogados de las partes en litigio
“A mí no me han entregado un centavo”: Alcalá
El ex director del Hospital Civil, Leobardo Alcalá, aceptó que se negoció un desestimiento para impugnar el testamento que afectó al nosocomio, pero fue para evitar un largo juicio.
¿Dicen que recibió dinero a cambio del desistimiento? ¿Cómo tiene la conciencia?
Al que hay que preguntarle cómo tiene la conciencia es a Armando Alcocer [el supuesto heredero universal]. Cierto es que nosotros negociamos para que el hospital fuera beneficiado. No se dio. No han entregado un solo centavo. A mí no me han entregado un centavo partido a la mitad de nada ni al hospital. Yo creo que hay muchas cosas que no se pueden ocultar. Muchísimas cosas. Las cantidades de dinero de que se hablan [que recibió], de diez, quince, 20 y hasta 50 millones de dólares. Cuando se habla de que la herencia era de 100 millones de dólares en ese momento, pactamos negociar el desistimiento ajustado a 10 por ciento. Los abogados hablaban que un juicio podía tardar eternidades. Hoy lo estamos viendo. Finalmente no sé en qué vaya esto a acabar.
Con lo que ha dicho del caso, si el depuesto rector [Carlos Briseño] toma una acción jurídica ¿es bienvenida?
Espero que también lo haga. Nada más le preguntaría al señor Briseño ¿qué hizo cuando fue secretario general [de la UdeG]? Él era parte de la junta de gobierno del OPD. Yo informé tanto a la junta de gobierno como al Comité de Administración Intrahospitalaria. Pueden saber quiénes en aquél momento estaban en la Secretaría de Salud y la Contraloría del Estado y quiénes iban a representar a la UdeG en la junta. El que informa se llama Leobardo Alcalá.
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