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Consejero demandó nulidad de sesión del CGU del 29 de agosto, que afectó a Briseño.

Esperanza Romero Díaz/Público

El Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE) se convirtió en actor en el conflicto de la Universidad de Guadalajara, una vez que recibió la primera impugnación contra la sesión del Consejo General Universitario (CGU) del 29 de agosto pasado. Se trata de una demanda de nulidad contra la destitución de Carlos Briseño Torres como rector y el nombramiento de Marco Antonio Cortés como rector sustituto.

Rubén Ortega Lozano es el consejero que promueve el juicio que se turnó a la Tercera Sala Unitaria, y se espera que este lunes el rector depuesto también presente una demanda ante el TAE.

En su demanda, Ortega Lozano señala al CGU como la autoridad demandada. Reclama la nulidad de la sesión del 29 de agosto, así como del acta de asamblea y sus acuerdos. Nombra a cuatro abogados patronos, de los cuales dos son presidentes de colegios.

En la demanda, el consejero, representante de la Escuela Regional Superior de Ocotlán, relata que “con fecha 29 de agosto de 2008, a las 10:00 am, se dio inicio la sesión extraordinaria convocada por el rector de la UdeG de conformidad con el artículo 35 fracción II de la Ley Orgánica de la UdeG. Y de conformidad con lo establecido por el artículo 51 fracción IV del estatuto general, dentro del orden del día se establecían diversos tópicos sin que en ellos se encontrara inmerso el relativo a la remoción [...] del rector [...] así como tampoco la elección de un nuevo rector”.

Recuerda que se empezó la sesión con la discusión del orden del día, el que estaba previamente notificado a los consejeros, y que un grupo de estos “intentó hacer una imposición de propuesta de modificación al orden del día proponiendo a su vez el consejero presidente a que no se modificara y se pasara [la iniciativa] a asuntos varios”, luego, ante la insistencia de sus opositores, el rector “declaró formalmente clausurada la sesión procediendo a retirarnos del lugar los consejeros, incluido el suscrito”.

Posteriormente, “en forma unilateral dan inicio a una nueva sesión sin que mediara convocatoria alguna, con un nuevo orden del día y nombrando un nuevo presidente y un nuevo secretario de actas […] En dicha sesión al parecer se propuso y se votó la destitución o remoción del rector general”, lo que a juicio del consejero es ilegal porque se violaron los estatutos que marcan que se debe convocar con 48 horas de antelación al CGU y todo un procedimiento, que no se siguió, tanto para destituir al rector como para nombrar otro.