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La Contraloría del Estado concluyó que Luis Carlos Rodríguez Sancho sí violó la ley con su forma de conducir el Programa de Trasplante de Órganos del Hospital Civil de Guadalajara.

Esperanza Romero, Jaime Ramírez Yáñez y Rocío Ramos/Público

La Contraloría del Estado inhabilitó por tres años a Luis Carlos Rodríguez Sancho, ex titular del Programa de Trasplante de Órganos del Hospital Civil de Guadalajara (HCG) para ocupar cargos públicos y le impuso el pago de un crédito fiscal para que reintegre a las arcas estatales 145,940 pesos. Este es el resolutivo respecto a una sola de las quejas presentadas contra el médico ante la dependencia, la de los familiares de Xóchitl Armida Mestas Lomelí, quien murió el 18 de abril y convino con el galeno el pago de 800 mil pesos para que le trasplantara un hígado.

Aunque la resolución se esperaba para el viernes, en improvisada rueda de prensa se dio a conocer ayer en Palacio de Gobierno, donde la contralora María del Carmen Mendoza Flores indicó que la existencia de la responsabilidad administrativa imputada en contra de Rodríguez Sancho se debió a tres hechos: la gravedad de la falta, ya que engañó al Hospital Civil y a los pacientes; el cobro de cuotas de recuperación que no hizo llegar al nosocomio (los 145,490 pesos); y utilizar recursos de su centro de trabajo (el Hospital Civil) para beneficio particular, lo que está prohibido por la ley.

Mencionó que las sanciones impuestas están fundamentadas en el artículo 64, fracción 5, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco. Asimismo, aseguró que a las 12:45 horas de ayer se notificó Rodríguez Sancho del resolutivo del procedimiento administrativo y aclaró que la sanción que emite la Contraloría puede inhabilitarlo de ingresar a alguna dependencia pública, no así de ejercer como médico en alguna institución privada.

La resolución de la Contraloría se da a casi tres meses de que salieron a la luz las acusaciones por cobros irregulares en el Programa de Trasplante de Órganos del Hospital Civil, donde la cuota de recuperación de una operación de este tipo es de 150 mil pesos, pero no siempre se cubría, con todo y que los pacientes pagaban cantidades desde 600 mil pesos hasta un millón 400 mil pesos, según testimonios de éstos y/o sus parientes.

Público reprodujo copias de los pagarés que Héctor Zepeda, el viudo de Xóchitl Armida Mestas, entregó a Luis Carlos Rodríguez en garantía de pago del trasplante, protocolizados ante un notario, además de las escrituras de un inmueble libres de gravamen. La historia del comerciante, oriundo de Tepic, derrumba la versión de que el médico era una especie de Robin Hood. Áquel gana cerca de nueve mil pesos mensuales en un negocio de venta de licores, y mes y medio después de que le depositó al doctor, en la cuenta del padre del médico, el 50 por ciento del dinero (400 mil pesos), su mujer fue finalmente operada por Luis Carlos. “Pero [el médico] no volvió a verla hasta un día antes de morir”, pese a que presentó problemas postoperatorios y se instaló en esta ciudad, en la casa de unos familiares para estar en posibilidad de acudir al hospital oportunamente. Ni la paciente, ni el esposo ni la familia conocían que la cuota de recuperación por la operación era de 150 mil pesos. Por eso se acreditó el engaño.

“Con certeza está plenamente justificado el trabajo de la Contraloría porque hubo engaño, se hizo un cobro indebido y se uso al Hospital Civil en beneficio personal”, dijo en entrevista luego de la ruede de prensa María del Carmen Mendoza, quien agregó que desde el primer momento que intervino en el caso, dio parte a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por la presunción de la comisión de delitos. “Si lo hubo y hay probables responsables, es tema de ellos, no mío”, indicó categórica.

Acerca de la razón porque no se optó por acumular las quejas y resolverlas con este mecanismo ya que son del mismo caso y la denuncia toral de familiares y pacientes son los cobros indebidos, que no ingresaron a la institución, además de la serie de violaciones a la normatividad en el manejo del programa, la funcionaria estatal dijo que fue el factor tiempo. Cada queja y cada proceso tiene su tiempo, hay que cumplir plazos que marca el procedimiento administrativo y dar al señalado la oportunidad de audiencia y defensa “Esto nos habría llevado mucho mayor tiempo” y era importante dar un pronunciamiento ante la cantidad de denuncias que se han divulgado y pudieran seguirse presentando.

La contralora confía en que, si se impugna la sanción en el Tribunal de Escalafón y Arbitraje, como tiene derecho el médico, el tribunal la ratificará “porque el caso está bien trabajado y el proceso fue muy cuidado”. Dejó abierta la puerta para más penalizaciones, pues hay más denuncias, “pero las [otras] tres quejas están en su proceso normal”.

En su momento, el esposo de Xóchitl confió a Público su preocupación por la cantidad de operaciones que se hacían en el Hospital Civil y la mercantilización del programa de trasplantes pues, aseguró, en la semana que a su mujer la operó el médico ahora inhabilitado, hizo otras cuatro intervenciones. De los cinco trasplantados, concluyó, tres ya fallecieron.

Los rectores hablan

• Marco Antonio Cortés: Rector sustituto de la UdeG

Luego de reiterar que el doctor Luis Carlos Rodríguez Sancho es “una eminencia”, el rector general sustituto de la Universidad de Guadalajara, Marco Antonio Cortés Guardado, sostuvo su respaldo al ex jefe de la Unidad de Trasplantes del Hospital Civil de Guadalajara (HCG).

Horas antes de que la Contraloría del Estado de Jalisco hiciera pública su resolución sobre que sí encontró elementos de que hubo faltas graves en la actuación del médico en el programa de trasplantes, entre ellos la utilización de recursos del Hospital Civil para beneficio particular, por lo que determinó inhabilitarlo por tres años en el servicio público, el rector sustituto indicó que, “con los elementos que tengo en la mano, [puedo decir que] no hubo tráfico de órganos, no hubo peculado y no hubo desviación de recursos monetarios sino irregularidades administrativas”.

De hecho, el rector auguró que el doctor Luis Carlos Rodríguez Sancho iba “a seguir en el programa. Yo creo que la resolución no iría en el sentido de su separación del programa”.

En cualquier caso, acotó que la administración central de la UdeG, coadministradora del Hospital Civil de Guadalajara, enfoca fuerzas en que “el Programa de Trasplantes sea el más exitoso del país, con o sin el doctor; tenemos que hacerlo y no puede depender sólo de una persona”.

Asimismo, indicó que cualquiera que fuera la resolución de la Contraloría del Estado, no habrá cambios en las cabezas de los Hospitales Civiles de Guadalajara, ni de altos mandos de los nosocomios, porque “no son necesarios”.

• Carlos Briseño Torres: Rector destituido de la UdeG

Carlos Briseño Torres retó a los ex directores de los hospitales civiles Raúl Vargas López, Leobardo Alcalá Padilla, al actual director Jaime Agustín González y al cirujano Luis Carlos Rodríguez Sancho, ex titular del Programa de Trasplantes de Órganos, a que se sometan, junto con él a la prueba del polígrafo para que se resuelvan las discrepancias en la información que han emitido sobre las irregularidades e ilegalidades del programa.

Entrevistado ayer, vía telefónica, un par de horas antes de que la Contraloría del Estado diera a conocer la inhabilitación del trasplantólogo, llamó también a los actores involucrados en la operación del programa a discutir el tema en debate público.

“Luis Carlos es una eminencia, nadie lo discute, pero lo que hizo no es legal ni apegado a las normas y es evidente que hubo lucro indebido con los depósitos a la cuenta de su papá y los tres directores que se lo permitieron son sujetos de responsabilidad penal”.

Dijo que la sociedad merece saber quién miente y recordó que tras las serias denuncias “que en mi oficina como rector” hiciera el titular del Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos, a mediados de junio, buscó a Luis Carlos y Jaime Agustín, quienes aceptaron los cobros por fuera y que no se respetaba el listado oficial para la obtención de un órgano (Público, 22 de septiembre de 2008).

A su vez, pidió que se haga una compulsa respecto a las listas (de candidatos a trasplante y trasplantados) de la consulta particular del doctor y la oficial, para determinar si hubo tráfico de influencias y se operó a quienes no estaban previstos.

La PGJEJ sigue investigando

Aún no se la han fincado responsabilidades penales al ex jefe de transplantes del Hospital Civil de Guadalajara, Luis Carlos Rodríguez Sancho, ya que la averiguación previa por presuntas irregularidades o delitos cometidos en su desempeño está en la etapa de integración. Lo anterior lo explicó el procurador de Justicia, Tomás Coronado Olmos, al ser entrevistado ayer.

Coronado descartó que por el momento pueda arrestarse a Rodríguez Sancho, ya que no hay ninguna orden de aprehensión en su contra. “Si la Contraloría nos envía el dictamen administrativo, son elementos que vamos a estudiar y vamos a ver si se desprende algún delito”.

Explicó que, de acuerdo con el resolutivo dado a conocer por la contralora estatal, María del Carmen Mendoza Flores, podrían acreditarse algunas conductas ilícitas como desvío de recursos o peculado, “pero sería aventurado hasta no tener integrada la averiguación previa”.

La historia

5 de julio. Sale a la luz las acusaciones de presuntos cobros irregulares y tráfico de influencias en el Programa de Trasplante de Órganos del Hospital Civil de Guadalajara.

9 de julio. Arraigan al doctor Luis Carlos Rodríguez Sancho.

13 de julio. Sin explicaciones, sin orden de aprehensión posterior, termina el arraigo.

14 de julio. Se reactivan los trasplantes en el Civil; queda a cargo del programa Marco Covarrubias.

15 de julio. Se anuncia que Rodríguez Sancho volvió al Hospital Civil y que encabezó un trasplante.

4 de agosto. El Consejo Estatal de Trasplantes anuncia una caída en el número de cirugías. Al día siguiente, se anuncia el reinicio de trasplantes de hígado.
5 de agosto. La asociación Conciencia Cívica, encabezada por el ex diputado Salvador Cosío, comienza a presentar denuncias penales.

22 de septiembre. Juan Manuel Estrada, de Conciencia Cívica, lleva a la PGR documentos que revelan que Luis Carlos Rodríguez ingresaba pacientes de su consulta privada.

24 de septiembre. El rector sustituto de la UdeG, Marco Antonio Cortés, admite que hubo “irregularidades”, pero sólo a nivel administrativo.

30 de septiembre. Se anuncian sanciones a Rodríguez Sancho.