Alfonso Partida Caballero, abogado coadyuvante de este caso y del ataque contra Andrés Negrete, chofer del ex rector Raúl Padilla, informó que esta semana podrían presentar una denuncia penal en contra del procurador Tomás Coronado Olmos.
Natalia Barragán/Público
El asesinato del director de la Preparatoria número 7, Fernando González Sandoval y la vinculación que funcionarios del Ejecutivo han hecho de éste con personal de la Universidad de Guadalajara, tensó el conflicto entre la UdeG y gobierno estatal. Ayer, Alfonso Partida Caballero, abogado coadyuvante de este caso y del ataque contra Andrés Negrete, chofer del ex rector Raúl Padilla, informó que esta semana podrían presentar una denuncia penal en contra del procurador Tomás Coronado Olmos, e incluso promover juicio político contra él, por diversas “irregularidades” en las averiguaciones.
Entre las acusaciones, el abogado indicó que Fernando González nunca fue testigo presencial del ataque del chofer de Raúl Padilla, el pasado 26 de noviembre, y que todo fue inventado por Coronado Olmos (ver abajo). Además, que la averiguación sobre la agresión al chofer debió de integrarse en una agencia del Ministerio Público especializada en Homicidios Intencionales, pues aseveró que se trató de un homicidio en grado de tentativa; pero el asunto se manejó en la Agencia 2 de Hechos de Sangre, dependiente de la Subprocuraduría C: “[El procurador] desvió la averiguación hacia esa dependencia donde está su gente de confianza que se prestó para hacer cambios a las declaraciones que fueron arrebatadas, prácticamente, al señor González Negrete y a su hijo”.
En relación a lo dicho por fuentes del gobierno estatal, que aseguraron que altos funcionarios de la UdeG guardaron a los presuntos responsables de los delitos, identificados como los hermanos Gustavo y Richard Mancilla Valdez, respondió que eso demuestra que hay funcionarios estatales “inmiscuidos en estos hechos [… El Ejecutivo] está metiendo las manos o las metió desde un principio”. Explicó que la denuncia penal en contra del procurador sería por “delitos cometidos en la administración de justicia […] Abstenerse […] de practicar las diligencias necesarias para el ejercicio de sus funciones”.
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