¿Quiere el PAN controlar políticamente a la UdeG?

27 09 2010

Gilberto Pérez Castillo/marcatextos.com

Desde su llegada al poder estatal en 1995 los gobernantes panistas han soñado con arrebatar el control de la Universidad de Guadalajara al grupo que encabeza el exrector Raúl Padilla López.

Como sucede con quienes han compartido el mismo sueño, los políticos panistas no buscan democratizar ni despolitizar a la universidad sino sustituir a un grupo de control político por otro, el propio, el que representa sus intereses.

El gobernador y su grupo hicieron un primer intento de quedarse con el control político de la universidad, o parte de la misma, cuando apoyaron al fallecido exrector Carlos Briseño Torres, a quien acabaron dejando solo a la hora que el conflicto con los padillistas  se agudizó.

Rumbo a la elección del 2012, y con la intención de tratar de impedir el triunfo del PRI en las elecciones de gobernador de ese año, un móvil estrictamente partidista y electoral puede ser el verdadero motivo por el que el gobernador y su grupo emprenden de nuevo el esfuerzo por tratar de quitar a los padillistas y hacerse del control político de la institución.

El problema es que ese intento estrictamente partidista está agregando un elemento de violencia a una sociedad de por sí harta de tanta agresión y tanta inseguridad.





Apoya Emilio a jóvenes no a directivos

13 09 2010

Francisco de Anda/MURAL

Lamenta que los recursos adicionales que el Ejecutivo estatal aporta a la UdeG no sean para atender necesidades prioritarias

El Gobernador del Estado, Emilio González Márquez, apoya la exigencia de los jóvenes universitarios de más recursos para la Universidad de Guadalajara, pero no comparte la idea de los directivos de la institución que quieren más dinero para sus negocios.

“Los jóvenes quieren mejores mesabancos, mejores laboratorios, los maestros quieren más sueldo y lo merecen”, dijo González Márquez.

“Pero lo que yo escucho de los directivos es que quieren llevar a un equipo de futbol de Primera División, quieren construir un estadio de atletismo y un centro de espectáculos al aire libre, quieren en el Centro Cultural Universitario construir cines, eso es negocio, quieren construir oficinas corporativas, eso es negocio, no sé de quién”.

El Mandatario estatal también indicó que se suma al posicionamiento de la presidenta nacional del PRI, Beatriz Paredes Rangel, en el sentido de exigirle al Gobierno federal más recursos para las universidades de México, ya que esto ayudará a que la capital del País voltee a ver a Jalisco y a la UdeG.

Lamentó que los recursos adicionales que el Gobierno del Estado aporta a la máxima casa de estudios de Jalisco no sean para atender las necesidades prioritarias de la institución educativa.

“Todos los excedentes que les hemos mandado no van a los muchachos, no van a la calidad educativa, van al centro comercial universitario”, ironizó el Mandatario estatal.

Adelantó que apoyará la megamarcha de estudiantes de la UdeG y aseguró que velarán por la seguridad de cada uno de los 200 mil jóvenes que se prevén participen en ella.





¿Dónde está el dinero?.- Emilio

6 09 2010

Vania de Dios/MURAL

Argumenta que no es dinero lo que le falta a la UdeG

Al recordar que han entregado más de 4 mil 500 millones de pesos a la Universidad de Guadalajara este año, el Gobernador Emilio González Márquez cuestionó a dónde se está yendo ese recurso, y citó algunos ejemplos.

El titular del Ejecutivo aseguró que la Casa de Estudios ha recibido más dinero que en toda su historia.

“Mi meta es que reciban más de 6 mil 500 millones de pesos, eso es 17.8 millones de pesos diarios, casi 18 millones de pesos diarios. Eso significaría que con lo que se le entregó entre el sábado y el domingo se pudo haber construido una prepa más.

No es dinero lo que le falta a la UdeG”.

“Tal vez la pregunta es ¿en dónde está ese dinero?, porque yo escucho que quieren construir un estadio de atletismo, yo escucho que quieren construir un centro de espectáculos al aire libre. Posiblemente por eso no haya dinero para hacer más prepas y más facultades”.

En la última semana, estudiantes de la UdeG han estado manifestándose para exigir que se le otorguen más recursos a la universidad.





Los tigres manchados

22 10 2008

PUNTOS Y CONTRAPUNTOS

Pedro Mellado/Mural

Si sus intenciones fueran sinceras y sus convicciones firmes, mucho bien le haría a la Universidad de Guadalajara que el depuesto Rector general (destituido por el Consejo General el pasado viernes 29 de agosto), Carlos Jorge Briseño Torres, hiciera buen uso de la información que asegura tener sobre las finanzas de la institución que encabezó formalmente durante un año y cuatro meses.

Briseño Torres debería presentar ante las instancias correspondientes denuncias por las presuntas irregularidades, abusos y potenciales delitos perpetrados en el manejo del dinero que el pueblo ha confiado a la UdeG, que este año ejercerá un presupuesto superior a los 7 mil millones de pesos.

Carlos Jorge y sus incondicionales han filtrado a medios de comunicación locales información elaborada por el despacho privado Salles, Sáinz-Grant Thornton, sobre la gestión financiera de la UdeG en el 2006 y el 2007, de la cual se derivan observaciones por inconsistencias, manejo presuntamente irregular y deudas por cobrar que ascienden a más de mil millones de pesos.

Es sano que esa información sea del conocimiento de la sociedad. La transparencia, la rendición de cuentas, así como la oportuna y permanente fiscalización de los recursos públicos, son un antídoto eficaz que inhibe la corrupción y los delitos atribuibles a la burocracia.

Sin embargo, el manejo interesado y tramposo que Briseño Torres hace de la información relativa a supuestas irregularidades y malos manejos del dinero de la UdeG, sólo le sirve a él para mantener una guerra mediática que le beneficia, pero que en poco o nada trasciende, porque no se traduce en denuncias formales que pudieran fundamentar el inicio de averiguaciones previas, en los ámbitos estatal y federal, contra funcionarios o exfuncionarios de la UdeG que pudieran haber incurrido en algún delito.

Tampoco tiene sentido práctico que Briseño Torres y sus incondicionales manejen tendenciosamente información que deberían haber puesto ya, formalmente, tanto en manos de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, como de la Auditoría Superior de la Federación, órganos técnicos contables de los congresos estatal y federal, responsables por mandato de ley de fiscalizar el uso racional y honrado del dinero que el pueblo le confía a las instituciones públicas.

También está abierta la posibilidad de que algunas de estas denuncias sean encauzadas a través de la Contraloría de Jalisco, por lo que respeta a los fondos locales que manejan la UdeG y sus filiales, así como a través de la Secretaría de la Función Pública, en lo referente al subsidio federal que recibe cada año la institución.

Esas son las vías formales, las que jurídicamente podrían servir de cauce para que los gobiernos estatal y federal, y los congresos de Jalisco y de la Unión, tuvieran en sus manos herramientas confiables para investigar a fondo cómo se gasta el dinero en la UdeG.

Lo demás son sólo ruidos y política ordinaria, que poco o nada trascienden.

Sin embargo, en este asunto no habría que perder de vista que de la misma forma como Briseño Torres puede denunciar irregularidades en la UdeG, también podría resultar involucrado, pues él se formó en las entrañas del grupo que desde hace 19 años tiene secuestrada a la institución y que encabeza con mano de hierro el ex Rector general Raúl Padilla López. Carlos Jorge Briseño Torres-no hay que olvidarlo-, también es beneficiario de la presunta corrupción que ahora pretende denunciar.





Advierte Briseño denuncia de anomalías

22 10 2008

Aseguran que hay elementos suficientes para que se investigue la presunta malversación de los recursos públicos que maneja la UdeG

Marió Gutiérrez/Mural

Carlos Briseño Torres, Rector destituido de la Universidad de Guadalajara, denunciará ante el ministerio público federal y el del fuero común las irregularidades en el manejo financiero de la casa de estudios.

José Antonio Pérez, abogado que asesora a Briseño en su estrategia legal, señaló ayer que con los documentos de las auditorías externas realizadas en los últimos años por el despacho Salles, Sáinz-Grant Thornton, existen elementos suficientes para que las autoridades investiguen la presunta malversación de los recursos públicos que maneja la UdeG.

Pérez detalló que pedirán castigar a quienes resulten responsables y por los delitos que encuentren las fiscalías.

“Como en nuestro poder sólo obran auditorías e informes, los aportaremos como elementos para que se inicie la investigación correspondiente sobre los años fiscales 2005, 2006 y 2007. Esto pretendemos hacerlo con toda la responsabilidad, no vamos a manejar suposiciones”, señaló.

Además, acudirán al Sistema de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda, para que el Procurador Fiscal de la Federación conozca de la omisión de impuestos que se indican en las auditorías externas y, en consecuencia, presente querella ante el MP federal.

“Corresponderá al ministerio público determinar el delito, puede ser desde peculado, desvío de recursos, administración fraudulenta”, agregó.

De acuerdo con Pérez, los análisis de Salles, Sáinz-Grant Thornton en los últimos tres años marcan una omisión de impuestos por unos 300 millones de pesos al no pagar a empleados prestaciones que forman parte del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Las auditorías externas documentan importantes atrasos millonarios en la comprobación de los recursos que entrega la UdeG a sus centros universitarios y dependencias, así como irregularidades en procesos contables. Las autoridades universitarias han rechazado que exista evasión fiscal y malos manejos financieros.





Sin comprobar en la UdeG gasto por 1,424 mdp de 2007

20 10 2008

Auditoría interna 2007 revela presencia de facturas falsas y pérdida de patrimonio.

Esperanza Romero/Público

En la Universidad de Guadalajara (UdeG) la alta burocracia se ha acostumbrado a tal grado a la falta de comprobación de gastos y al manejo poco cuidadoso de los recursos que administran, que el monto del gasto por justificar en 2007 asciende a 1,424 millones de pesos.

Las auditorías privadas practicadas a la UdeG en los últimos cinco años tienen una constante: prevalece el desorden administrativo, contable y la falta de controles financieros. Ello genera condiciones propicias para la pérdida del patrimonio y el desvío de recursos. La evasión en el pago del impuesto sobre la renta (ISR), los subsidios a las empresas parauniversitarias y las cuentas por cobrar, que se arrastran de un ejercicio a otro, son algunos de los focos rojos que la propia dependencia de fiscalización interna ha encendido. 

Así consta en el expediente sobre las auditorias internas que se han practicado a la casa de estudios y cuyas anomalías había denunciado Carlos Briseño Torres en la sesión del Consejo General Universitario (CGU) del 29 de agosto pasado, en la que finalmente fue destituido. Los documentos han sido entregados a distintos medios este fin de semana por el equipo del rector destituido, quien a su vez ofrecerá una conferencia de prensa esta semana para expresar su opinión sobre ellos. 

 

En la auditoría a los recursos ejercidos en 2007, elaborada por el despacho Salles, Sainz-Grant Thornton SC (cuya copia tiene este diario) se encontró que del total de recursos entregados a las dependencias universitarias (6,194 millones de pesos), apenas se comprobó 77 por ciento, lo que implica que no hay comprobaciones fiables sobre 1,424 millones de pesos. 

El año pasado ejercieron como rectores generales Trinidad Padilla López (enero a marzo de 2007) y Carlos Briseño (de abril a diciembre). 

Para 2007, los gastos por comprobar ascienden a 469 millones de pesos, en tanto que hay 40 millones de pesos que distintos funcionarios de la UdeG adeudan a la institución. La auditoría referida encontró además una evasión de impuestos por 104 millones de pesos. El manejo financiero de las Empresas Universitarias es un capítulo en sí mismo. La revisión contable encontró que dichas entidades adeudan a la administración general universitaria 312.2 millones de pesos, que hay diversas irregularidades en el manejo fiscal y de la nómina de los trabajadores y las ganancias que reciben algunas de estas empresas. 

Anomalías recurrentes 

Tanto los auditores externos contratados cada año como la Contraloría interna, han sugerido modificaciones en el manejo de las finanzas universitarias, pero no todas se aplican. Son prácticas irregulares tan recurrentes en los últimos cinco años, que las auditorías internas han detectado cuentas por cobrar, deudores diversos y adeudos de empresas para-universitarias por 4,582 millones de pesos entre 2003 y 2007, lo que representa más de 20 por ciento del presupuesto manejado por la UdeG en estos cinco años (ver recuadro). 

 

Aunque dichas observaciones se han presentado año con año, el mes de junio pasado el despacho Salles, Sainz-Grant Thornton SC presentó un resumen sobre estas anomalías. El documento fue discutido al seno de la Comisión de Hacienda del Consejo General Universitario (CGU), que todavía era presidida por Carlos Briseño, cuyo equipo hasta este fin de semana lo hizo del conocimiento público.

El texto contenía un “memorándum de sugerencias recurrentes de los procedimientos de contabilidad y el sistema de control interno”. El documento contiene 52 recomendaciones para remediar prácticas irregulares que, al parecer, se han hecho un hábito en el manejo de los recursos universitarios. Este es el caso de la extendida práctica de presentar facturas falsas y otras anomalías en la comprobación de los recursos que manejan las distintas entidades universitarias. En este caso, se sugiere “establecer sanciones” para reparar esta irregularidad. 

Las 52 recomendaciones del despacho se refieren a los siguientes aspectos: 

Gastos por comprobar

Además de la falta de comprobación de 23 por ciento de los recursos ejercidos por la Universidad de Guadalajara en 2007, la auditoría encontró que hay errores en los documentos entregados a la Dirección de Finanzas para la comprobación de recursos, tales como facturas falsas, incumplimiento a las disposiciones fiscales, comprobaciones aplicadas a proyectos con saldos, falta de altas patrimoniales. Hay además atraso en la entrega de comprobación de recursos; se presentan comprobantes que no reúnen los requisitos fiscales; y los atrasos de años anteriores tanto en gastos por comprobar como en el rezago del pago a deudores desde los ejercicios 2001 a 2006.

Omisiones y agujeros fiscales

La auditoría 2007 encontró que la Universidad de Guadalajara tiene un adeudo aproximado de 104 millones de pesos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por ISR no retenido por errores en la determinación de la base gravable. Se encontró además que no se enteran en tiempo las retenciones de impuesto sobre la renta por honorarios y arrendamiento por el atraso en el envío de documentación por parte de la Red Universitaria. Hasta junio de 2008, no se habían presentado las declaraciones informativas de pago de proveedores 

Irregularidades en nóminas y vales

Según el reporte correspondiente a la auditoría de 2007, Rodolfo Barragán, responsable de la nómina, no tiene documentado el proceso para la elaboración de ésta. Además se encontró que no se cuenta con una base de datos con el registro federal de causante (RFC) de los trabajadores; que se hacen pagos de nómina con recursos de otros programas presupuestales; que las cuentas de nóminas no se encuentran conciliadas; que no se han reembolsado a la cuenta general cheques cancelados de la cuenta de nómina que fueron pagados a trabajadores por la Dirección de Finanzas.

Se encontró además diferencia de 9.9 millones de pesos en los vales de despensa pagados y los vales entregados a los trabajadores. Se les retiene demás para cubrir las primas de los seguros de vida

Anomalías financieras y administrativas

En este ámbito, la auditoría privada detectó que no se cuenta con fianzas de fidelidad de las personas que tienen acceso a los recursos de la Universidad, y que hasta junio de 2008 no se habían elaborado las conciliaciones bancarias para este año. 

También se detectó que existen inconsistencias entre lo que reporta la auditoría del despacho externo y los números que presenta la Dirección de Finanzas.

Otra práctica irregular es la presentación de cobros de cheques no reconocidos por la Dirección de Finanzas, además de cargos no identificados y cheques en conciliación que provienen de ejercicios anteriores. Los saldos en rojo en las cuentas de pasivos ascienden a 16 millones de pesos. Finalmente, los auditores se encontraron casos de “intereses ganados no depositados por la Red Universitaria a la Dirección de Finanzas”, en otras palabras, la práctica de “jineteo de dinero”. 

La revisión de las cuentas de la Universidad de Guadalajara también reportó anomalías en obras consistentes en avisos de terminación de obra desfasada en tiempo hasta de seis meses. En tanto que se detectó incumplimiento de cláusulas de los convenios de varios fideicomisos que tiene la casa de estudios. Se encontraron comprobantes que no reúnen requisitos fiscales (pago en una sola exhibición). 

Rendición de cuentas 


La Universidad de Guadalajara (UdeG), como institución pública, se mantiene gracias al dinero de los contribuyentes entregado a través del gobierno federal, gobierno estatal y de ingresos propios. A pesar de ello, la UdeG apenas ha sido auditada sólo en una ocasión por el órgano fiscalizador federal; todas las auditorías son privadas, como las que se reseñan en estas páginas. Las autoridades que han manejado la casa de estudios se han manifestado en contra de fiscalización argumentando que las revisiones se usan con criterios políticos; sus críticos sostienen que ha sido por temor a que se exhiban anomalías en el manejo de los recursos.

Anomalías bajo el microscopio 

El monto de las anomalías e irregularidades detectadas por los auditores implica cantidades muy grandes de dinero. Aquí presentamos algunos casos concretos:

“Jineteo”

En octubre y noviembre de 2006, la Secretaría de Educación Pública (SEP) entregó la segunda y tercera parte de recursos a la UdeG, por 175,943 y 3’220,917 pesos, respectivamente, los cuales fueron entregados a la Dirección de Finanzas en agosto de 2006. Sin embargo, estos recursos fueron entregados a la cuenta del fideicomiso hasta septiembre de 2007. El despacho externo hace la observación de que fueron depositados los intereses respectivos por parte de la casa de estudios, “ocasionándole un desembolso no presupuestado”. Recomienda que los recursos se depositen oportunamente y evitar desviación de los mismos.

Teatro Diana 

El Diana figura ente las empresas parauniversitarias que debe modificar sus criterios para la presentación de eventos, pues algunos representan pérdidas. El despacho Salles, Sainz-Grant Thornton SC recomendó evaluar la rentabilidad de los eventos antes de firmar los contratos correspondientes, puesto que se emplean recursos públicos. Entre las obras presentadas en este centro cultural que fueron incosteables para la UdeG, el auditor enlistó las siguientes:

La pasión de Jesús, pérdidas por $ 181,778

Emilia y su globo rojo, pérdidas por $ 237,218

La corona del destino, pérdidas por $ 609,622

Il circo Viaggio, pérdidas por $115,590

Slavas, pérdidas de $ 141,788

Deudores y gastos por comprobar

A diciembre de 2007, la UdeG tenía cuentas por cobrar por un monto de 510 millones 371 mil pesos. La cantidad se compone de préstamos a funcionarios (por 40’555,232 pesos); cuentas por cobrar de ejercicios anteriores (por 107’128,275 pesos); gastos por comprobar (362’899,033 pesos); y provisiones (210,736 pesos).

Funcionarios deudores: 

José de Jesús Arroyo Alejandre: 5’920,994 pesos

Angel Igor Lozada Rivera: 6’000,000 pesos

Víctor Ramírez Anguiano: 2’032,817 pesos

Jeffry Fernández Rodríguez: 4’000,000 pesos

Juan Jesús Taylor Preciado: 3’325,269 pesos* (2005 y 2006)

José Antonio Ibarra Cervantes: 2’192,752 pesos (2005)

Silvia Álvarez Jiménez: 1’283,195 pesos

Fernando González Sandoval: 1’357,372 pesos

Guillermo Rivas Montiel: 1’654,982 pesos

Paola Solórzano Gutiérrez: 1’363,364 pesos

Enrique Solórzano Carrillo: 515,794 pesos

Alfredo Peña Ramos: 435,802

Salvador Mena Murguía: 150,000 pesos * (2004)

* Préstamos de ejercicios anteriores 

Cuentas por cobrar de ejercicios anteriores:

Mauricio de Font-Reaulx Rojas: 32’187,054 pesos

Carmen E. Rodríguez Armenta: 29’982,226 pesos

Jeffry Fernández Rodríguez: 8’782,536 pesos

Ricardo Ávila Palafox: 5’205,795 pesos

José de Jesús Arroyo Alejandre: 3’426,035 pesos

Carlos Correa Ceseña: 3’108,510 pesos

Silvia Álvarez Jiménez: 3’242,170 pesos

Alfredo Peña Ramos: 2’217,185 pesos

Raúl Vargas López: 1’596,049 pesos

Ismael Loza Figueroa: 1’509,071 pesos

Manuel Durán Juárez: 1’027,096 pesos

Sergio López Ruelas: 1’477,616 pesos





Detecta auditoría irregularidades en la UdeG por más de 600 millones de pesos

19 10 2008

No se retuvieron más de 104 millones por concepto del Impuesto sobre la Renta, especifica

Raúl Torres/La Jornada Jalisco

Entre las irregularidades que detectó el despacho Salles, Sáinz-Grant Thornton durante la auditoría de la cuenta pública 2007 de la UdeG está “un ISR no retenido al trabajador por un importe de 104 millones de pesos”, un desembolso de más de 4 millones de pesos extras para pagar los recargos de las cuotas que desde 2003 se omitieron al Seguro Social, y gastos no comprobados por más de 500 millones de pesos.

Según el “memorándum de sugerencias” que se incluye en la cuenta financiera universitaria del ejercicio 2007, remitida a la Contraloría de la UdeG el 24 de junio de 2008 mediante el oficio 1151/2008, para determinar la “base gravable del Impuesto Sobre la Renta” de cada trabajador la administración de la casa de estudios no consideró el aguinaldo, la ayuda para despensa, la ayuda para vivienda, la ayuda para transporte y el estímulo económico encuadrado como beca por reconocimiento de antigüedad.

En su apartado “aspectos fiscales”, la auditoría externa indica que “existen diferencias entre los impuestos retenidos a los trabajadores contra lo efectivamente pagado durante el ejercicio 2007”.

Haciendo un desglose de las diferencias encontradas entre el ISR que se debió retener a cada trabajador y el que realmente se pagó, los auditores encontraron que hay casos en que la diferencia es de más de 30 mil pesos, como el de Alfredo Feria Velasco, investigador nivel III del SIN, a quien se le debieron retener 180 mil 803 pesos por ISR y sólo se le retuvieron 143 mil 440 pesos.

Esta diferencia se debe a dos causas principalmente, según el informe: “la cancelación de cheques y porque el ISR de las Empresas Universitarias se contabiliza cuando éste se ingresa a la cuenta concentradora y no cuando se causa el impuesto”.

“Es importante se presente el ISR retenido a los trabajadores en el mes de su retención y en su caso presentar las complementarias correspondientes en el mes que corresponda el pago del impuesto, con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones fiscales vigentes y evitar sanciones por parte de la autoridad hacendaria”, recomiendan los abogados externos.

Además, señalan que en caso de una revisión por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ésta exigiría el entero del impuesto más las actualizaciones, recargos y multas correspondientes.

Las observaciones de Salles, Sáinz-Grant Thornton indican que existe un atraso en el pago de impuestos y envío de los recibos por parte de los centros, dependencias y empresas universitarias, por lo que hay un desfase de entre dos meses y un año; además de que no se cuenta con una base de datos confiable que contenga el registro federal de causantes de todos los trabajadores.

El memorándum detalla que desde 2003 a 2006 se omitió pagar 9 millones 974 mil 476 pesos en cuotas al Seguro Social, lo que generó un pago extra de 4 millones 335 mil 236 pesos por concepto de actualizaciones y recargos.

Esta situación, según los auditores, se debe a que no se contabiliza correctamente la provisión de las cuotas pagas al IMSS ni los pagos que se realizan a esta institución por concepto de cuotas extemporáneas, además de que no existe un control sobre las provisiones de las cuotas obrero-patronales y lo que efectivamente se paga.

En cuanto a los saldos pendientes de comprobar, se menciona que en total hay 510 millones 371 mil 804 pesos cuyo gasto no estaba demostrado hasta el 31 de diciembre de 2007.

En el desglose de este concepto, se indica que hasta esa fecha algunos funcionarios no habían comprobado grandes cantidades de gastos, como Ruth Padilla Muñoz, directora del SEMS, a quien se le atribuyen gastos por 71 millones 659 mil 367 pesos, o José de Jesús Arroyo Alejandre, rector del CUCEA, quien debe comprobar gastos por 62 millones 897 mil 174 pesos. En esta lista también se encuentra el actual rector general, Marco Antonio Cortés Guardado, con 21 millones 33 mil 225 pesos por comprobar; el ex vicerrector, Gabriel Torres Espinoza, con cinco millones 147 mil 835 pesos; el actual vicerrector, Miguel Angel Navarro Navarro, con un millón 387 mil 244 pesos, y el dirigente estatal del PRD, Raúl Vargas López, con un millón 660 mil 13 pesos.

Sin embargo, el memorándum también refiere que algunos de los antes mencionados, como Ruth Padilla Muñoz y Raúl Vargas, manifestaron oficialmente su inconformidad con los saldos pendientes que mostró la dirección de finanzas.





Evasión fiscal en la UdeG en el 2007

19 10 2008

Auditoría externa a la casa de estudios de Jalisco da a conocer irregularidades en el ejercicio del año pasado

A casi dos meses de la destitución de Carlos Briseño como rector general, salen a luz pública los resultados de las auditorías externas del despacho Salles Sainz Gran Thorton a la Universidad de Guadalajara. De acuerdo con Notisistema, estos datos revelan graves irregularidades como evasión fiscal y préstamos aún sin recuperar, como los que se hicieran a seis funcionarios universitarios por más de 16 millones 450 mil pesos, así lo informó  el ex-secretario técnico de Rectoría, Marco Levario Turcott.

“A Arroyo Alejandre José de Jesús, le prestaron en el 2006 cinco millones 920 mil 994 pesos; a Fernández Rodríguez Jefry, cuatro millones de pesos; a Miena Munguía Salvador 150 mil pesos, a Ibarra Cervantes José Antonio, dos millones 752 mil pesos y a Taylor Preciado Juan Jesús tres millones 325 mil 269 pesos”.

Con documentos en mano del despacho externo, Levario Turcott y el abogado José Antonio Pérez Juárez, señalan una presunta evasión fiscal de 110 millones de pesos tan solo en el 2007.





Hallan en UdeG irregularidades

19 10 2008

El despacho auditor alerta a la Universidad sobre tomar medidas efectivas ante el retraso en la comprobación de recursos

Mario Gutiérrez/Mural

Los centros y dependencias de la Universidad de Guadalajara tienen importantes atrasos en la comprobación de sus recursos e irregularidades en sus procesos contables y de control interno, revela una auditoría externa realizada a la casa de estudios.

En el “Memorándum de Sugerencias” que redactó el despacho privado Salles, Sáinz–Grant Thornton sobre la gestión financiera 2006 y 2007 de la UdeG, se detalla que al 31 de diciembre del 2007 la suma de gastos pendientes por comprobar alcanzaba los 362 millones de pesos.

Según la revisión contable entregada en junio pasado a la UdeG, del total de los recursos otorgados en 2007, que alcanzó un importe de mil 596 millones de pesos, el 23 por ciento no había sido comprobado.

Incluso, el despacho auditor alerta a la Universidad sobre tomar medidas efectivas ante el retraso en la comprobación de recursos.

“Se deben realizar las gestiones necesarias para que los recursos entregados queden comprobados contablemente en el ejercicio en que fueron entregados, esto debe ser prioritario y/o turnarlos con el Abogado para gestionar el cobro por la vía legal”, establece el informe de auditoría que abarca parte de los periodos de Trinidad Padilla López y Carlos Briseño Torres en la Rectoría General. 

Además, refiere que al 3 de diciembre de 2007 había adeudos por concepto de préstamos internos que ascendían a 39 millones de pesos, de los cuales 39 por ciento se venían arrastrando desde 2001.

“Es importante se proceda a recuperar los recursos para ingresar los dineros a la cuenta de la Universidad”, indica el despacho.

Las inconsistencias se encontraron en toda la Universidad y no son propias de un centro escolar u oficina.

Salles, Sáinz–Grant Thornton halló que en por lo menos nueve adquisiciones –realizadas entre enero y junio del año pasado, y que suman unos 3 millones de pesos– no hay evidencia de que se cumpliera con el reglamento que obliga a compras por concurso, invitación o licitación.

Omisiones y saldos

Sobre las prácticas fiscales en la UdeG, la auditoría concluyó que existió una “omisión de impuestos” por aproximadamente 110 millones de pesos al no considerar ciertas prestaciones en el pago del Impuesto Sobre la Renta.

La revisión contable mostró que existen saldos por cobrar a diez empresas del Corporativo de Empresas Universitarias, encabezado por Raúl Padilla, por un monto de 4 millones 874 mil pesos.

Las irregularidades encontradas no son suficientes para que el despacho auditor considere que existió un mal manejo de las finanzas en 2006 y 2007, por lo que da el visto bueno a la contabilidad universitaria.





No le quita el sueño al Grupo UdeG el Caso Briseño en la SCJN

14 10 2008

El que la SCJN haya atraído el caso de la destitución del rector Carlos Briseño Torres de la UdeG, por considerarlo de relevancia nacional, no inquieta a los miembros del Grupo Universidad.

Rocío Ramos/Público

El que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya atraído el caso de la destitución del rector Carlos Briseño Torres de la Universidad de Guadalajara (UdeG), por considerarlo de relevancia nacional, no inquieta a los miembros del Grupo Universidad.

El rector sustituto de la máxima casa de estudios en el estado, Marco Antonio Cortés Guardado, se dijo “confiado” en que el Poder Judicial respetará la autonomía de institución y aseguró que la administración cuenta con el respaldo de varias universidades públicas.

Por su parte, el ex rector de la Universidad, y actual titular del Instituto de Investigaciones en Innovación y Gobernanza, Trinidad Padilla López, aseguró que “no hay temor ni incertidumbre”.

Mientras para Cortés, “es de importancia nacional [el caso], porque está de por medio el reconocimiento de la autoridad de los consejos generales universitarios, órganos que rigen a las universidades públicas del país. Y la resolución sentaría una tesis que tendría efectos jurídicos en el futuro en materia de amparo”.

Para el rector sustituto, “el juicio es difícil, pero estoy seguro que los ministros sabrán interpretar bien la Constitución y respetar a las universidades públicas del país [...] creemos que nos asiste la razón legal”.

Cortés Guardado aseguró que muchos rectores de otras universidades públicas apoyan a la actual administración: “Hemos platicado con rectores de otras universidades y ellos tienen muy claro que [la destitución] fue una decisión del máximo órgano de gobierno y que es atribución de la autonomía universitaria que establece el artículo tercero constitucional”.

En funcionario no quiso precisar los nombres de las instituciones que dice que lo respaldan, y se limitó a precisar que se trata de centros pertenecientes a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), “incluidas las del Distrito Federal”.

Para Trino, el que la Suprema Corte de Justicia atrajera el caso, es “relativamente” normal: “Tengo entendido que el tema de la autonomía universitaria, y en general de las universidades públicas, suele ser un tema de interés nacional tanto del Poder Judicial federal, como del local [...] porque [...] están financiadas por recursos públicos”. 

Las demandas no asustan

A pesar de que ya son 35 las demandas interpuestas por trabajadores de la Universidad de Guadalajara (UdeG) en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, por ser despedidos al momento de la salida de Carlos Briseño Torres, para el rector sustituto, Marco Antonio Cortés Guardado, no se trata de un número grande y por lo tanto no le preocupa.

“No es un número muy grande. […] Quienes consideraron violentados sus derechos laborales recurrieron a las instancias que existen para ellos, y nosotros […] somos respetuosos y vamos a atender las resoluciones que tenga a bien emitir la Junta en cuanto a las actividades laborales”.








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