Esperanza Romero Díaz/Público
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el juicio de amparo promovido por Carlos Briseño Torres contra su destitución como rector general de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y el nombramiento de Marco Cortés como sustituto.
El rector depuesto fue a los tribunales en busca de la protección de la justicia federal, convencido de que el Consejo General Universitario (CGU) no le puede imputar falta grave al frente de la UdeG como argumento para destituirlo.
El 29 de agosto, el CGU desconoció a Briseño Torres como rector y, en concordancia con el argumento anterior, cierto de que la acción fue ilegal, el que fuera miembro del denominado Grupo UdeG por 19 años espera su inminente reinstalación y, de hecho se llama a sí mismo “rector en vías de ser reinstalado por las autoridades judiciales federales”.
El anuncio de la atracción del caso se hizo a través de la Dirección de Comunicación Social de la Corte, informó José Antonio Pérez Juárez, abogado del ex rector, quien señaló la relevancia de la acción “porque es un mensaje, más que para Briseño, para la sociedad jalisciense de que resolverá para que no quede duda”. Explicó que, por la importancia de la UdeG, segunda universidad pública del país, la Corte ejerce la facultad de forma oficiosa, “no a petición de parte”.
Al igual que Briseño, su abogado descarta el escenario de un revés en el resolutivo de los ministros porque se violaron las normas y reglamentos de la casa de estudios en la sesión del 29 de agosto. Estimó que, antes de que concluya el año, “Carlos Jorge Briseño Torres será reinstalado” y se mostró escéptico de que, como afirman abogados e integrantes del CGU, en cuestión de horas volvería a ser destituido, “porque no ha cometido falta grave para que ello ocurra”.
Pérez Juárez recordó que en la Universidad Michoacana ya hubo un precedente similar, en que la rectora fue destituida y la SCJN ordenó su reinstalación.
Finalmente, reiteró que él y su representado tienen plena confianza en el sistema judicial y en que se decretará la inconstitucionalidad de la destitución.
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