Red Universidad

PUNTOS Y CONTRAPUNTOS

Pedro Mellado/Mural

En esta guerra no habrá final feliz. Pero la crisis derivada de la fractura en el seno del grupo hegemónico, que desde hace 19 años la tiene secuestrada, podría ayudar a sanar algunos de los padecimientos más perniciosos de la Universidad de Guadalajara, que en las dos recientes décadas ha sido manejada con criterios arbitrarios, patrimonialistas y discrecionales.

La guerra interna podría derrumbar los diques que han favorecido un ámbito de opacidad en el manejo de los recursos públicos que le han sido confiados a la institución, esquema favorecido por las complicidades y omisiones de los Congresos y Gobiernos federal y estatal, que no han asumido plenamente su responsabilidad de fiscalizar, para comprobar, que el dinero de los contribuyentes se destine realmente al cumplimiento de sus objetivos esenciales: la docencia, la investigación científica y la difusión de la cultura.

La fuerte disputa por el control de la UdeG, entre el actual Rector general, Carlos Jorge Briseño Torres, en alianza con el Gobernador panista Emilio González Márquez, sumados a una cruzada contra el jefe político y cacique de la institución, el ex Rector general Raúl Padilla López, podría generar condiciones para que en los espacios reservados a una cruenta guerra mediática quedaran al descubierto las irregularidades, excesos y presuntas (y muy probables) corruptelas cometidas por ambos bandos.

Existen indicios muy claros, que desde el círculo más cercano de colaboradores del actual Rector general de la UdeG, el de mayor confianza, han surgido algunas de las ofertas de información clasificada, importante y delicada, y se han procurado las debidas facilidades para acceder a ella, sobre todo cuando exhibe algunos de los privilegios que durante los últimos años ha disfrutado el jefe político Raúl Padilla López y algunos de sus alfiles más cercanos.

La exhibición de situaciones irregulares, abusivas, presuntamente corruptas y potencialmente delictivas, como los gastos de viajes de Raúl Padilla López; el pago a algunos funcionarios públicos en la nómina de la UdeG, sin que aparentemente cumplan con sus obligaciones académicas, y el cobro por los trasplantes en el Hospital Civil, son parte de esa guerra mediática. Por supuesto, la difusión de esas conductas es saludable y contribuye a condicionar la intervención de las autoridades presuntamente responsables de sancionarlas.

Pero esas circunstancias llevan también implícita la necesidad de que quienes actualmente encabezan la administración de la UdeG, incluyendo al actual Rector y a sus más cercanos colaboradores, sean también investigados, en su conducta y en su patrimonio, para saber en qué medida pudieran haberse beneficiado del manejo de los recursos confiados a la institución, de cuya nómina y presupuestos también han vivido en los más recientes años.

En la UdeG se debe aplicar la premisa de todos coludos o todos rabones, pues la certeza de que en este pueblo no hay ladrones sólo podría consolidarse en los hechos investigados, las pruebas superadas y las inocencias corroboradas.

Lo más probable es que en esta guerra intestina todos pierdan. Pero podría surgir, inevitablemente, una tercera fuerza, o un tercer grupo, que irónicamente, podría ser una rama del mismo árbol, con características más benignas o menos parasitarias, que pudiera rescatar a la UdeG de las prácticas rupestres, caciquiles y patrimonialistas a las que ha sido sometida desde hace casi dos décadas.